Las propuestas de los presidenciables para mejorar los ingresos de los chilenos

La pandemia dejó al descubierto la vulnerabilidad de las familias chilenas y el fuerte impacto del cese de las fuentes laborales formales e informales en los hogares.

Conscientes de ello, las distintas candidaturas proponen en sus programas fórmulas para mejorar los ingresos salariales y de las familias bajo distintos paraguas: ingresos mínimos, rentas universales o ingreso básico universal.

Una ayuda económica extra, a la chilena, que promete en algunos casos superar la línea de la pobreza.

Revisión de los programas sociales vigentes, fin de las ineficiencias del gasto y de exenciones tributarias y más crecimiento son las fórmulas que se repiten a la hora de financiarlas. ¿Qué proponen quiénes aspiran a llegar a La Moneda en marzo de 2022?

Un mayor salario mínimo y una renta básica universal son las ideas de Jadue y Boric, respectivamente.

Ingreso digno

Que se reconozca el esfuerzo y no regalos del Estado es la premisa con la que trabaja el equipo de Joaquín Lavín. Así, se apoyará a quienes trabajan con un complemento que les permita tener un ingreso digno y a las mujeres que cuidan sus hijos menores de dos años o adultos de más de 70 años. El suplemento permitirá a quienes tienen ingresos formales equivalentes al sueldo mínimo o más llegar a $ 500 mil. Esto implicará que una familia de cuatro personas reciba entradas que le permitan superar la pobreza. El programa llegará a 2 millones de beneficiarios a contar de 2022 y será ampliado a un universo mayor en la medida que mejoren las condiciones. Mientras que el ingreso de cuidado familiar de $ 100.000 se entregaría a cerca de 1,3 millones de mujeres, más un aporte extraordinario los años en que el precio del cobre supere los US$ 3,75 centavos por libra.

El financiamiento pasa por un mejor uso de los recursos fiscales, mayor endeudamiento fiscal cuidando la sostenibilidad del mismo, medidas para reducir la evasión y la eventual revisión de algunas exenciones.

Renta mínima garantizada

La Renta Mínima Garantiza del programa de Ignacio Briones es una transferencia directa a quienes tengan ingresos formales desde el salario mínimo hasta ingresos líquidos de $ 550 mil. Por ejemplo, si una persona gana $ 400 mil líquidos, recibiría un subsidio de $ 72.347 y queda en $ 472.347; si percibe $ 261.200 líquidos recibe un subsidio de $ 138.000 y queda en $ 400.000.

Precisan que es un incentivo a la formalización y se dejaría de condicionar la entrega de programas sociales por presentar ingresos laborales formales, como muchas veces sucede hoy.

Se financiará a través de mayor crecimiento, creación de empleo, un pacto tributario, eliminación de exenciones y evasiones y eficiencia del gasto público evaluando los programas y subsidios existentes.

El equipo de Paula Narváez apunta a establecer un Ingreso Básico Universal.

Aporte salarial permanente

Desde el equipo de Economía de Sebastián Sichel se la juegan por un aporte salarial permanente, un subsidio a los trabajadores de menores remuneraciones, no sólo a los que ganan el ingreso mínimo, diseñado para que le llegue directamente al bolsillo y apoye el empleo formal, pues se aplicará a los trabajadores dependientes con jornada ordinaria (es decir mayor a 30 horas). Quienes perciben el ingreso mínimo recibirán un aporte de $ 96 mil y la ayuda se extingue cuando se alcanza el tope de ingreso mínimo de $ 518 mil.

Beneficiaría a más de 680.000 trabajadores, con entrega automática.

Será acompañada de facilitación y reducción de los costos del cumplimiento tributario, reducir la burocracia, más fiscalización, capacitación. También habrá políticas para trabajadores informales.

Pretenden financiarlo con ingresos generales de la nación y siguiendo el precepto general de financiar los aumentos en los gastos sociales permanentes con un aumento gradual en los ingresos permanentes. Estos provendrán fundamentalmente de elevar el crecimiento económico de tendencia; mayor eficiencia del gasto público, eliminar exenciones que no se justifiquen; medidas para reducir la evasión y la tributación a las externalidades negativas.

Primero, una pensión básica universal

Si bien reconocen que desde su propio sector hay llamados a crear algún tipo de ingreso básico universal, en el comando de Mario Desbordes creen que se debe estudiar la factibilidad de una Pensión Básica Universal para la vejez, donde el primer ingrediente es un seguro de longevidad.

Precisan que una PBU es superior a un pilar solidario, porque mantiene los incentivos a la ahorro en niveles de ingresos bajos: siendo el ahorro previsional un elemento clave en el aseguramiento de pensiones con tasa de reemplazo adecuadas.

En el ámbito del trabajo estiman que se debieran lograr nuevos equilibrios en la participación de los trabajadores en las empresas.

En cuanto al apoyo a las familias, indican que comúnmente pasa por un esfuerzo redistributivo, lo que es correcto y efectivo, pero se deja la otra mitad del problema sin tratar: el acceso a buenos trabajos en un mercado laboral opaco, y en este punto proponen mecanismos de certificación

A su juicio, todo el esfuerzo debe estar apoyando la generación y mantención de empleos.

Renta básica universal

En el programa de Gabriel Boric creen que el país debiera contar con una Renta Básica Universal porque responde a varios objetivos de políticas públicas. Si bien el beneficio inmediato es el de seguridad económica, también permite la planificación y proyectos de largo plazo, incluso, ayuda a mejorar la salud mental porque la inseguridad financiera es fuente de estrés. Desde es punto de vista feminista es un buen vehículo para la libertad económica.

Se propone estudiar la Renta Básica y preparar la infraestructura del Estado para su eventual implementación, no necesariamente concretarla en los 4 años de gobierno.

El financiamiento provendría de una reforma tributaria progresiva y reasignaciones del Estado vinculadas a programas ineficientes y gastos administrativos que no serían necesarios al contar con una renta básica.

Advierten, eso sí, que hay prioridades de implementación presupuestaria respecto al estado de bienestar que son importantes (pensiones y salud) antes de empezar a avanzar en una Renta Básica Universal.

Mayor salario mínimo

En el programa de Daniel Jadue se apunta a mejorar la capacidad de negociación del trabajo, y vincular el salario mínimo con la línea de la pobreza, incrementándolo de manera escalonada con un aumento significativo en el primer año (abril de 2022). La idea es alcanzar un salario mínimo de $ 567.000 que le permita salir de la pobreza.

Se subsidiará a la micro y pequeñas empresas para afrontar el alza del salario mínimo de las y los trabajadores que lo ganen en una fecha determinada, eliminando el ingreso mínimo garantizado, cuyos recursos, si los hubiere, serán utilizados para el subsidio; las empresas medianas contarán con un crédito concesional para este propósito.

También se plantea que el Estado reconozca el trabajo doméstico no remunerado, pagando una remuneración mensual de, al menos, un 75% del sueldo mínimo vigente, que se implementará de manera progresiva, partiendo de los primeros 4 deciles de más bajos ingresos, hasta hacerse universal. reconoce el trabajo no remunerado.

En materia de pensiones se propone contar con una Pensión Básica Universal donde exista un piso de dignidad igual a un 75% del salario mínimo vigente, que se financiará a partir de impuestos generales.

IBU en una década

La candidatura de Paula Narváez propone la creación de un Ingreso Básico Universal (IBU) que se implementará gradualmente en el transcurso de una década. Considera necesario expandir la protección social, asegurando ingresos que permitan un consumo básico a cualquier persona. Advierten que Chile tiene un gasto en transferencias monetarias comparativamente muy bajo con respecto a la OCDE y eso se refleja en los índices de pobreza y desigualdad. Se plantea, en una primera etapa, 2022-2026 que el IBU se focalice en mujeres y niños, niñas y adolescentes del 80% más vulnerables del país, reconocer las labores de cuidado, fuertemente concentrada en mujeres a partir de la división sexual del trabajo y eliminar la pobreza en la primera infancia. La política absorberá otras transferencias monetarias, pero el aporte neto requerirá un incremento importante del gasto social.

Para su financiamiento se propone una reforma tributaria que busca recaudar cinco a seis puntos del PIB en cinco años. El IBU y la expansión del pilar solidario de pensiones con una pensión básica garantizada universal establecen como un pilar esencial del sistema de protección social con una política de aseguramiento de ingresos. La suma tiene un costo aproximado de 2,5 puntos del PIB y se financiará con parte de esta recaudación adicional.